ENTRE PAPELES

La inseguridad, la portación de armas y la pena de muerte son tres ideas que ahora viajan juntas. Su asociación parte de la creciente comisión de delitos, de su impunidad y de la ineficacia del gobierno para prevenir un clima social que preocupa al total de la población.

Frente al clima de inseguridad reinante, la autorización gubernamental para permitir la portación –el uso parece adjunto- de armas de fuego suscita una discusión fuertemente respaldada en los dos sentidos posibles. Tanto los que favorecen la autorización como quienes la rechazan, disponen de argumentos importantes y cuya confronta pudiera no tener fin.

La pena de muerte rodea las dos ideas anteriores como un recurso preventivo para advertir a quienes deciden delinquir que la vida está en juego. Unos dicen que no es cierto que la amenaza de morir en la suerte limite la acción del delincuente. Atraviesan en el fondo graves problemas sociales que motivan los actos punibles, pero no aportan iniciativas que vayan al fondo del tema.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, más de 3 millones de mexicanos poseen un arma de fuego en sus domicilios. Además, la compra de armas en el mercado negro creció en más de 53 por ciento en los años recientes. Nadie parece preocuparse por la autorización o la negativa oficial para adquirirlas.

La revisión en busca de armas dejó de realizarse hace algunos años. Hace 40 años, los retenes en carreteras instalados por el Ejército Mexicano buscaban la portación y la posesión de armas en los vehículos que circulaban por las carreteras federales. Por razones diferentes, pues entonces la movilidad de grupos guerrilleros fue el pretexto, la localización de armamento se justificó. Hoy la inseguridad no es suficiente para establecer esos retenes.

Pero, además, la percepción de la inseguridad constituye un problema en sí mismo. Estoy seguro que los funcionarios del gobierno de San Luis no entienden una pizca de lo que ocurre en las redes sociales. Afirman que irán en busca de los responsables de difundir versiones alarmantes y falsas. Pudiera ser tan frustrante su esfuerzo como el que representa la prevención de los delitos en ascenso. Es posible que el equívoco resida en la decisión de repicar y andar en la procesión.

Pero, atrás de todo este escenario existe la figura fantasmal de la impotencia de los gobiernos municipales, del gobierno del estado para enderezar su lucha justiciera con tino, suficiencia y eficacia, esperanzados como están en el auxilio de las corporaciones federales transmiten una imagen inerme ante una avasallante, diversa y siempre activa delincuencia.

LA BORUCA

El aumento previsible al impuesto predial en varios municipios, incluido el de la capital, es –aunque no se crea- una medida de acierto para contener la especulación con la tierra urbana. Si los más de 300 kilómetros cuadrados sobre los que se asienta la zona metropolitana de San Luis y Soledad tienen todavía vestigios de la reserva territorial que ambos municipios deben de tener, será un milagro. Sin embargo, la aprobación de un plan rector en esta zona es indispensable. Ni los ayuntamientos ni los fraccionadores tienen el mínimo interés en que dicho plan se ejecute por obvias razones. El desorden les favorece más que los perjudica en su particular interés.

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Esta ciudad y la zona conurbada con Soledad y Cerro de San Pedro viven en total desorden. Los ayuntamientos no controlan los terrenos de su propiedad porque ni siquiera los tienen inventariados debidamente. Una muestra –pequeña por cierto- es lo que ahora sucede en Cordillera del Sur casi esquina con Cordillera de los Alpes, cuyos vecinos se adueñan uno a uno del área verde que el fraccionador dejó al ayuntamiento de la capital. Pero hay más, mucho más. Por ejemplo, el traslape de los predios escriturados en la zona norte de la ciudad, cuyos “dueños” pelean el reconocimiento a su propiedad en los tribunales. Y va para largo.

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Tal vez un problema anexo es el sistema de transporte urbano. El laberinto que han formado los fraccionadores y la imposibilidad ahora de abrir vías rápidas para ir de un lado a otro, impide que alguien proyecte cualquier sistema de transporte. A no ser que el gobierno pueda pensar en un teleférico desde la Alameda hasta la Zona Industrial, como el que acaban de inaugurar en Ecatepec, Estado de México, para un recorrido de 5 kilómetros. Sería mucho pedir pues nuestras autoridades son muy chiquitas.

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¡CALLEN ESA BORUCA!

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