Editorial

Los regidores integrantes del Cabildo capitalino se encuentran ante un fuerte rechazo ciudadano luego de haber aprobado el ajuste al alza de los valores catastrales en las viviendas ubicadas en la zona poniente de la ciudad, en su intento por allegarle al ayuntamiento más recursos por concepto de impuesto predial ante los inminentes recortes presupuestales que se han anunciado para 2017.

El ajuste aprobado es superior al índice inflacionario, lo que significa la primera piedrita en el camino hacia la meta recaudatoria.

Pero lo que más inconformidades ha levantado esta aprobación, que aún deberá pasar el filtro del Congreso del Estado, es el hecho de que se revalúen sólo las viviendas de un sector de la ciudad, dejando así la carga impositiva sobre los hombros de aquellos ciudadanos que, según ellos, tienen la capacidad económica para hacer frente a estos incrementos.

El desigual trato que se está dando a los habitantes de la capital de San Luis Potosí divide a la población en ciudadanos de primera y segunda categoría, conceptos contra los que se está luchando , por lo que las protestas no se han dejado esperar.

Este viernes, para empezar, los dirigentes locales de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Ignacio Gómez Martínez y de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (Ampi), David Galván Cubos, hicieron pública su inconformidad por el hecho de que sus respectivas agrupaciones no fueron tomadas en cuenta para realizar el estudio mediante el cual se determinó este incremento a los valores catastrales.

Para el consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Chalita Zarur, el ajuste de valores catastrales sería correcto y avalado por su organización si fuera aplicado a toda la población y no sólo a un sector, ya que asegura que como empresarios están de acuerdo en que sólo las políticas recaudatorias permitirán la realización de obras y acciones en favor de todos los potosinos.

El Partido Revolucionario Institucional, en voz de su dirigente estatal, Martín Juárez Córdova, coincidió con Chalita Zarur en la necesidad de aplicar acciones recaudatorias, sin embargo se pronunció por un estudio más profundo antes de establecer incrementos que perjudicarán a la población, ya que, afirma, no todos los habitantes de la zona poniente están en condiciones de hacer frente al incremento de 10 por ciento aprobado por el Cabildo.

Habrá que esperar para saber si los regidores capitalinos son capaces de cabildear adecuadamente para lograr algún incremento en estos valores catastrales que logren llevar más recursos a las arcas municipales.

IMES BUSCA APOYO…

A poco menos de dos semanas de que se defina si la Secretaría de Gobernación (Segob) emite la Alerta por Violencia de Género para seis municipios potosinos, la Instituto de las Mujeres del Estado ha solicitado a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) la aplicación de la Alerta Alba que permitiría la aplicación de protocolos más expeditos para la localización de mujeres y niñas en San Luis Potosí.

El procurador Federico Garza ya dijo que en la dependencia a su cargo se está estudiando esta posibilidad aunque no puso plazo para decidirlo.

Mientras tanto, la cifra oficial de mujeres desaparecidas continúa en 19 y la de hombres en 20.

FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ