Editorial

Este viernes el presidente del Consejo de Administración del Banco de Alimentos, Héctor D´Argence Villegas, dio a conocer datos por demás escalofriantes: cada día se tiran a la basura al menos 10 toneladas de alimentos.

En una entidad en la que el 50 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza alimentaria y en la que los gobiernos federal y estatal invierten cientos de miles de millones de pesos para tratar de sacar a este sector de la población de tan difícil situación, tirar tales cantidades de comida es criminal.

La existencia de organizaciones como el Banco de Alimentos es una buena opción, sin embargo es mejor aún el cabildeo que está llevando a cabo D´Argence Villegas entre los diputados para impulsar la iniciativa que impida que la comida se desperdicie de esta manera.

Un pequeño paso ya está dado, con el reconocimiento fiscal de las aportaciones de las empresas al Banco de Alimentos, pero aunque se logra recaudar una importante cantidad de comida, siguen siendo 10 toneladas las que se tiran sin que algo o alguien lo impida.

De prosperar la iniciativa de Héctor D´Argence, que está siendo apoyada por el presidente de la Mesa Directiva, Manuel Barrera Guillén, y la diputada panista Josefina Salazar Báez, en el corto plazo podríamos estar viendo cómo se construyen reglamentos y normatividades tendientes a dar un uso racional a la comida que no se consume en establecimientos y centros de autoservicio.

En fin, que podría ser una pequeña ventana de esperanza para ese sector de la población que hoy enfrenta una seria problemática de pobreza alimentaria, generando con ello un desarrollo deficiente de los menores y las muy lamentables condiciones de vida de los adultos mayores.


FALTA INFORMACIÓN...

Hace ya una semana que las autoridades federales clausuraron el centro de matanza de vacunos en el rastro municipal sin que hasta el momento alguien, de algún nivel de gobierno, haya salido a informar a la población sobre las limitadas condiciones en que opera el rastro municipal.

Nadie ha informado a los introductores de ganado sobre esta situación y por día llegan con su ganado para ser sacrificado sólo para encontrar que no es posible recibirlos, lo que los está obligando a malbaratar sus animales en pie porque no hay centro de matanza, al menos uno legal.

Además de las pérdidas que esta medida está ocasionando a los introductores, es evidente que como respuesta al silencio de todos los niveles de gobierno y administración empezarán a florecer como hongos los rastros clandestinos que hasta hace poco aún operaban en la periferia del rastro.

Si bien es cierto que las autoridades deben poner orden en los centros de matanza para evitar que se generen problemas entre los consumidores, también es cierto que la forma en que lo han hecho, al menos en el rastro municipal de la capital potosina, sólo está dado origen al resurgimiento de las prácticas clandestinas que luego será muy complicado erradicar.

los introductores ya lo dijeron: sus pérdidas son incalculables.

Y es verdad. Pero además está el hecho de que nadie los indemnizará por tales pérdidas. Para ellos en este momento todo es perder perder bajo las barbas de todos los niveles de gobierno que prefieren guardar silencio antes que meter las manos en asuntos que pueden o no ser sus respectivas competencias.


FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ