Cuando de solicitar ayuda por fenómenos naturales se trata, los ciudadanos aprendimos hace mucho tiempo que la vía indicada es la dirección de Protección Civil, sin embargo esta parece ser la cartera más débilmente representada y es que en manos de Jorge Farfán González hasta la comida enlatada está guardada en una bodega de las instalaciones de la dependencia.
¿Quién podrá olvidar el dantesco espectáculo de un ciudadano arrastrado por la corriente de agua en la lateral de la Avenida Salvador Nava? y sobre esto ¿quién podrá olvidar el video en el que mientras se ve al hombre luchando por su vida se escucha a una mujer llamando desesperada a Protección Civil sin que nadie respondiera a su emergencia?
Bueno, pues resulta que tal dirección cuenta, entre otras cosas, con bombas para la extracción de agua, que jamás han sido usadas porque están almacenadas junto con la lancha, las cobijas, la comida y la planta de luz en una habitación de las instalaciones donde se localizan sus oficinas generales.
La actitud del funcionario es desleal y traiciona todo lo que juró defender cuando aceptó el cargo que le confió , hoy seguramente no sabrá cómo justificar la existencia de tales artefactos que pudieron haber sido bien empleados el jueves de la semana pasada, durante la tormenta que se abatió sobre la zona poniente de la capital potosina.
Pero además de su ineficiencia, Jorge Farfán es soberbio y se ha negado a recibir a los diputados de la LXI Legislatura.
Por esta razón y los nulos resultados que ha dado Protección Civil en casos de necesidad es que el diputado Manuel Barrera está solicitando a la Contraloría General del Estado que se aplique una severa sanción a Farfán González.
Ojalá que esta querella fuera secundada por los otros 26 legisladores para así podernos deshacer de semejante funcionario que, puesto en el área más sensible de la administración, ha respondido con traición e ineficiencia.
OTRO QUE NO CANTA MAL...
Las agresiones de los que se hacen llamar taxistas tradicionales contra los conductores de la compañía Uber son cada vez más violentas y ni siquiera la presencia de presuntos pasajeros los han detenido, sin que esto preocupe siquiera un poco a Ramiro Robledo López, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT), que junto con sus inspectores parecieran estar esperando a que la sangre llegue al río para empezar a repartir culpas en lugar de buscar soluciones que eviten poner en riesgo a la ciudadanía.
Hoy día, si un ciudadano conduce un auto del año o muy reciente y va vestido con corrección pero además lleva a la vista su teléfono celular, corre el riesgo de ser detenido por los "caza-Uber", bajado con violencia de su vehículo, golpeado, insultado y secuestrado sin que ninguna autoridad meta las manos para defender al ciudadano, porque tal pareciera que conducir un taxi o ser un concesionario de transporte público es una patente de corzo para atropellar los derechos de cualquier ciudadano.
Claro que no todos los taxistas participan en este tipo de "operativos caza-Uber", son alrededor de 70, los mismos que secuestraron la avenida Salvador Nava y apedrearon a los automovilistas que protestaron por su abusiva conducta. Sólo esos, pero son suficientes para poner en riesgo a la población que prefiere los servicios calificados de Uber.
FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ
