Editorial

Por enésima ocasión volvieron a posponerse las fechas de entrega de las obras que se llevan a cabo en la capital potosina, como si alargando los plazos a la población se le fuera a olvidar que ni están quedando con la calidad que ofrecieron ni que estas acciones encarecen los trabajos.

El Centro Histórico permanece intransitable, lleno de polvo y trabajadores haciendo como que trabajan aunque los pagos lleguen puntuales, mientras tanto los habitantes de la otrora Ciudad de los Jardines, tanto los automovilistas como los peatones, tienen que pagar por estas prácticas que a primera vista lucen desleales con la ciudadanía.

No merece la pena enumerar el número de calles que hoy están cerradas al tráfico vehicular y que representan un peligro para los peatones y los mismos habitantes de las calles cerradas, pero no son cinco ni diez.

Las obras más significativas tanto por el costo como por la importancia de las arterias son Manuel José Othón, Álvaro Obregón y el bulevar Antonio Rocha Cordero. Pero con estas tres obras bastaría para estrangular la fluidez del tráfico vehicular en la capital potosina. Ni automóviles particulares ni transporte público pueden transitar siquiera con mediana fluidez. Entrar al Centro Histórico es una tortura y una enorme pérdida de tiempo.

Ni falta hace mencionar el calvario que esto significa para los comerciantes establecidos en el primer cuadro capitalino.

Aquí es donde se empieza a requerir que los integrantes de la LXI Legislatura se pongan las pilas y se elabore una normatividad que impida que sean tantas calles las que se pongan en reparación al mismo tiempo y además que se establezca por ley un plazo único para este tipo de trabajos a fin de no permitir que nunca más vuelva a lesionarse a comerciantes y habitantes de esta manera tan impune.

NIÑOS EXPLOTADOS...

Cuando estamos en la segunda mitad de la segunda década del siglo XXI parecería imposible que aún existieran condiciones de esclavitud en los campos potosinos, pero he aquí que una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones de explotación que se viven en el rancho La Finca, en el municipio de Villa Juárez, donde además se tenía laborando a dos menores de edad sin las más mínimas condiciones de seguridad e higiene y con salarios de esclavitud.

Por fortuna tanto para los menores como para los otros 200 trabajadores que ahí se encontraban, alguien recordó que existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos y tuvo el valor para denunciar, logrando así que se decretaran desde la Federación las medidas de supervisión que derivaron en un cierre parcial del rancho en cuestión y que sacó de ese ambiente a los menores.

Justo es reconocer que se aplicó en esta oportunidad el protocolo de erradicación del trabajo infantil, lo que logró con sorprendente rapidez ponerle un freno al dueño de La Finca.

Así que aunque algunos no quieran creen en las bondades del nuevo sistema de justicia, hoy es necesario hacer un reconocimiento a los métodos que se están aplicando.

FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ