· En septiembre, reafirmación del mando
· Los taxistas no son dueños del servicio
· La Boruca
Lo que la población del estado espera del informe del gobernador Juan Manuel Carreras es la notificación de cambios en su gabinete. Pero lo que el mandatario espera para hacerlo es la cara o la cruz de una moneda que todavía está en el aire.
Nada par nadie pues.
Entre tanto, las versiones sobre hechos bochornosos, vergonzantes, que -aseguran sus divulgadores- hablan de un gobierno sin límites, solamente encuentran el silencio oficial a pesar de que se mencionan nombres, posiciones y momentos en los que esos episodios han manchado el relativo prestigio de la actual administración.
Estoy seguro que ningún habitante del territorio potosino quisiera estar en los difíciles escenarios que se crean y se esparcen por el viento, se respiran y transpiran y, al mismo tiempo, son desplazados por nuevas versiones que apuntan a la configuración de la duda sobre los distintos aspectos del primer informe.
No es eso lo que esperamos de un primer informe, pero la consolidación del gobierno tiene que llevarse a cabo sobre la base de la apertura, de la transparencia y el decoro. Sin un elemento de esa fórmula parece no haber garantía de respeto y confianza, indispensables para gobernar.
También estoy seguro que no hay periodista en San Luis dispuesto a abrir frentes de ataque ante el gobierno. Incluyo en esta parte lo que corresponde al gobierno del área metropolitana porque se concentra en una persona y constituye un referente político de innegable valor electoral. La aplicación de la Ley es cuestión de interpretaciones, la práctica nos dice que se madura un periodo de ignorados destinos.
Lo que sí hay, y me incluyo, es un grupo de observadores del quehacer del gobierno que no encontramos los puntos de referencia sobre los que la tarea de gobernar se soporta. Un Plan Estatal de Desarrollo inconcluso por su desatención de las aspiraciones de las etnias que subsisten en San Luis; un desconocimiento significativo del acontecer económico y de su valoración cotidiana para el aliento de todos; y la falta de una hoja de ruta que nos permita evaluar y corregir, forman el escenario que nadie puede interpretar correctamente.
Es posible que todo lo anterior exista y que cada titular de las dependencias gubernamentales aplique lo correspondiente a su área. Pero el gobierno no puede tragarse la información a sabiendas de que la opinión pública la espera para sustentar sus criterios. Gobierno que no hace pública correctamente su actividad con oportunidad y suficiencia, es un gobierno que confía demasiado en la buena suerte, o le importa un soberano cacahuate lo que se comente más allá de la frialdad de sus oficinas y despachos.
Complementariamente debe de haber una interpretación fiel, no desvirtuada como parece que hoy día llega a oídos del gobernador, de la realidad que existe en lo social, en lo económico y en lo político. La opinión pública expresada a través de los medios no puede ser interpretada como un regaño ni como tendenciosa versión de los adversarios políticos del momento. Aún a costa de parecerlo, lo contenido en columnas y artículos de opinión no son la parte panfletaria de una corriente contraria a los objetivos del gobierno. Y si eso llega a la mesa de trabajo del gobernador, no habrá mucho que esperar lo esperado del primer informe de gobierno. Para excusas y justificaciones, cualquier fecha es posible.
LOS TAXISTAS NO SON DUEÑOS DEL SERVICIO
Cuando los funcionarios responsables de un área -en este caso de Comunicaciones y Transportes- pierden de vista la esencia de los servicios que el gobierno concesiona para prestarlos a la población, caen en el error de las decisiones fincadas sobre las rodillas.
El gobierno del estado no tiene por qué especular con las concesiones de taxis atendiendo a intereses ajenos a la población. Si dos mil o tres mil personas que cubren el requisito mínimo de ser nativos del estado y poseer una unidad en condiciones de incorporarse al servicio y solicitan una concesión, no hay por qué negárselas.
El gobierno es responsable de que los permisionarios y choferes se crean, hoy día, los dueños del servicio y no los obligados a prestarlo a nombre del propio gobierno. No es la idea generar un “mercado” especulativo de concesiones, ni atajar todas las que puedan emitirse en un periodo determinado. Es pretexto, sin fundamento, que el gobierno sostenga que con estudios equis o ye va a entregar nuevas concesiones. Su obligación es abrir la expedición a cuanto ciudadano del estado se las solicite porque la competencia es sana y beneficia a los usuarios.
Es la competencia la que depura los servicios como el de taxis. No la concentración en unas pocas manos por intereses que ordinariamente corresponden a compromisos políticos-electorales. Esos tiempos ya debían estar rebasados. El usuario tiene el derecho de escoger. Y si tiene diversidad de opciones mejor. El ingenio de los permisionarios debe fincarse en la competencia y no en la protección graciosa, injustificada, aborrecible por parte del gobierno.
Lo que sucede en las condiciones actuales lo acabamos de ver en la Diagonal Sur, por donde un centenar -o quizá más- de autos que prestan el servicio concesionado interrumpieron el tránsito y causaron malestar a la población que protestó justamente. Tampoco se trata de meterlos a la cárcel.
El gobierno no le debe ninguna explicación a los concesionarios actuales ni mucho menos tomarlos en cuenta para sus futuras decisiones. No puede crear un monstruo político para domarlo a costa de la calidad y del control de un servicio.
Por otro lado, toca al gobierno controlar las tarifas y tomar en cuenta una cuestión: mientras en la Ciudad de México un taxi cualquiera le cobra a usted entre 50 o 60 pesos del centro a la Terminal del Norte, aquí, por solamente 9 kilómetros le cobran 70. Es decir, el abuso está más que demostrado y la autoridad soporta las majaderías, los insultos y la actuación en pandilla de unos cuantos sujetos que hacen del privilegio un motivo para violentar la Ley y el orden público.
LA BORUCA
Cuando elementos de signo político opuesto llegan a contender del mismo lado en un proceso electoral, lo más probable es que, andando el tiempo, las diferencias originales afloren para separarlos de nuevo. Y, si no, pregúntele al diputado federal Xavier Nava para que sepa lo que le cuestan esas condiciones.
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Ricardo Gallardo Juárez tiende a acomodar su actuación y su discurso conforme le cambie el viento. Unas veces dice verdades que acomodan al criterio de la población en general, pero otras queda a deber. Primero dice que van casi 15 potabilizadoras de agua en zonas habitadas por gente de pocos recursos. Ahora dice que será selectiva y condicionada para que nadie abuse. Se me hace difícil que alguien lleve su garrafón a llenar, para regar las plantas. En fin.
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Pero donde el alcalde tiene toda la razón es en obligar a todos la espera del plan rector de desarrollo urbano porque no se van a autorizar nuevos fraccionamientos y colonias sin antes revisar a fondo las disposiciones que se apliquen para su control. Justo eso es lo que necesita la ciudad y debemos reconocer que Gallardo tiene la oportunidad de meter a los fraccionadores en cintura, antes que la ciudad llegue a ser el galimatías que se configuró hasta ahora.
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Alguien debe poner fin al desbarajuste que se trae el Interapas desde el punto de vista administrativo. Puede uno suponer que las cosas son producto de los cambios pero no, el descontrol es tal y su causa no está en los cambios de administración sino en la mala fe, en el importamadrismo de quienes están en puestos claves.
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CALLEN ESA BORUCA
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