Editorial

A los buenos oficios de los abogados que tomaron la defensa de los habitantes de Santo Domingo y municipios circunvecinos se deberá sumar el factor de oportunidad que ha jugado un papel determinante en los esfuerzos por frenar la construcción del tiradero de desechos tóxicos y ahora queda esperar tres semanas, 15 días hábiles, a que un juez federal emita su fallo al respecto.

Luego de la importante batalla ganada con el amparo  para la suspensión de las obras que llevaba a cabo la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV, los ánimos de los ejidatarios y habitantes de los municipios de Santo Domingo, Real de Catorce, Vanegas, Charcas y Villa De Ramos, en el estado de San Luis Potosí; junto con los de Mazapil y Villa De Coz, en Zacatecas, están muy positivos ya que han logrado convencer a los jueces de que las cosas en el caso del tiradero Palula no están del todo bien y en respuesta han obtenido el amparo de la ley en contra de los hechos que demandan.

Importante también ha sido el que se sumen a las demandas contra el tiradero no sólo los municipios antes mencionados, sino también el pueblo huichol cuyo centro Wirikuta resultaría severamente afectado toda vez que las corrientes subterráneas de agua que existen en la zona donde se intenta construir el tiradero de desechos tóxicos, corren precisamente hacia el centro ceremonial, por lo que las autoridades federales ya están revisando el estudio de impacto ambiental presentado por el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV.

El trabajo que han desarrollado los integrantes de la defensa de Santo Domingo, organizados en el Comité Opositor ha puesto en práctica las estrategias que en algún momento dieron resultados a los ambientalistas nacionales que solidariamente aportaron su experiencia para salvar al Altiplano Potosino.

Esta solidaridad y el apoyo irrestricto que se han brindado entre ellos mismos, los habitantes de estos siete municipios ha dado hasta ahora muy buenos resultados legales, y aunque aún no se puede cantar victoria, porque tratándose de cuestiones legales hay muchos recovecos que podrían darle un susto a los ambientalistas, todo indica que al menos en el predio conocido como Palula, no podrán construir el tiradero de desechos tóxicos.

CONSIGUIERON OPERATIVOS…

Los taxistas que operan en la capital potosina lograron al menos llamar la atención sobre la eterna demanda para controlar el pirataje que lesiona gravemente a los concesionarios y pone en grave riesgo a los usuarios. Apoyados por la Policía Estatal, los agentes de la SCT han estado deteniendo a todo aquel vehículo  que esté ofreciendo servicio de transporte sin la documentación respectiva.

En una cosa tiene razón el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado, Ramiro Robledo: Uber es un servicio que le gusta a la gente, que lo pide y lo quiere.

Si esto no tiene peso  a la hora de construirles un marco legal a los prestadores de este servicio, claramente se estará contraviniendo los deseos de la ciudadanía .

Ojalá que se escoja el mejor árbitro para lograr tranquilizar a los concesionarios y sus choferes y todo pueda convivir ordenada y democráticamente.

FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ