No a todo el mundo le gustan las evaluaciones, pues aunque es la única herramienta útil para saber si un trabajador está calificado para desempeñar sus tareas, en qué grado lo está y en qué áreas requiere recibir capacitación, calificar a los calificadores que durante años y años han sido los dueños de la verdad, puede resultar un proceso un tanto violento, sobre todo emocionalmente.
El magisterio potosino ha dado muestras de una disciplina ejemplar, aceptando la normatividad de la reforma educativa sin mayores aspavientos y logrando uno de los mejores lugares a nivel nacional por la calificación obtenida en la primera evaluación, sin embargo, cuando ya se está en la segunda prueba, los profesores potosinos han decidido que estas pruebas requieren algunos cambios y además piden la presencia de un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que garantice que todo el proceso se llevará a cabo con transparencia y cuidando los intereses del magisterio.
La Sección 52 del SNTE hizo ya la petición formal de estos cambios, protocolizando así su participación democrática en un proceso que si bien rige la administración federal, involucra a los cientos de miles de maestros que conforman el sistema educativo del país.
La forma en que los educadores potosinos se han adaptado al cambio no deja de sorprender, por ello es que las peticiones que hicieron al titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) no se revisan con rencores ni signados por la predisposición.
Son cambios que obedecen a un análisis realizado por los mentores y plasmado en un pliego petitorio.
Y en un país cuya vocación por la defensa de los derechos humanos está plasmada en la Constitución General de la República, pedir que un representante (en este caso sindical) esté presente en los procesos de evaluación suena lógico y normal.
No se trata de desconfianza, sino del deseo de brindar seguridad a todos los miembros del magisterio. Lo normal para los militantes del sindicato más grande de América Latina, acostumbrados a que sus dirigentes sindicales les allanen el camino. Un poco como los seguros que tienen que comprar los automovilistas para salir a las calles.
LAUDOS, CALVARIO MUNICIPAL...
La LXI Legislatura analiza ya varias propuestas destinadas a evitar que los trabajadores que llegan como personal de confianza a las administraciones municipales puedan demandar por despido injustificado a los ayuntamientos, cuando es tiempo de rescindir sus contratos al llegar a término el periodo de gobierno.
No son pocos los ciudadanos que han asegurado su futuro demandando por despido injustificado a algún ayuntamiento y ciertamente no hay un solo municipio, de los 58 que tiene el estado, que no padezca este tipo de problemas.
Una y otra vez, los gobiernos municipales han caído en manos de trabajadores que no se conforman con haber cumplido el término del trienio en el que se contrataron y que apelando a un derecho que consideran legítimo demandan la permanencia en el puesto de trabajo por considerar que si la plaza no está ocupada ellos son o deberían ser, los primeros candidatos para esa plaza.
En la mayoría de los casos estas demandas les han funcionado a los ciudadanos en detrimento de las arcas municipales.
Por eso es una buena noticia que los diputados estén buscando los candados que se requieren para que los gobiernos municipales dejen de ser víctimas de esta clase de demandas.
FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ
