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Pedro Cervantes Roque | 07/07/2016 | 14:45
La discusión pública sobre la calidad de las iniciativas de ley presentadas por los legisladores locales -iniciada por el abogado José Mario de la Garza y los propios diputados locales- llama la atención sobre sus reales alcances.
Si a lo que se refiere el postulante es al marco regulatorio de la vida potosina en general, a su revisión y a la preparación de nuevas leyes, la modificación de otras, la derogación de algunas más, el asunto no acaba de precisarse porque dirige su censura a la insensibilidad de los representantes locales para hacerlo con calidad pero encuentra por respuesta señalamientos iguales por sus puntos de vista.
La tarea de revisar el conglomerado de leyes, códigos, reglamentos y otras disposiciones que tienen vigencia en este momento, no es sencillo. Primero, porque el Poder Legislativo del Estado no alberga lo mejor del foro potosino, su relación con los profesionistas del derecho es agria y a veces conflictiva como lo muestra el suceso en que se ve inmerso el licenciado José Mario de la Garza.
Desviar la discusión al nivel de conflicto entre fuerzas políticas sería lo peor, pero el riesgo no está eliminado. Los diputados con actitudes contestatarias tampoco son poseedores de las virtudes que muestran la inteligencia, la prudencia y los valores ciudadanos que proyecten el marco regulatorio con el mínimo de responsabilidad requeridos y esperados. Elevar la calidad de las iniciativas como lo propone el abogado postulante carece de contenidos políticos y sus exposiciones parecen no afectar el entendimiento de los legisladores cuya respuesta no puede ser otra que la de “grillar” con tintes políticos.
Entenderse con lenguajes distintos parece imposible. El problema es de comunicación y los legisladores muestran la necesidad que tienen de encontrar uno o dos intérpretes de las materias en que sean neófitos o -¡de plano!- ajenos. Pero más urgente es que motiven su trabajo con las necesidades reales del estado, de la población de la que –también lo demuestran- están totalmente desligados.
Vivir en un mundo de fantasías legislativas conduce a los legisladores a presentar iniciativas sin futuro posible. Si atendieran un día, de los 1,095 días que ostentarán el cargo, a enterarse de cuál es el número de leyes con vigencia pero sin aplicación en la realidad y tuvieran otro día de esos destinado a verificar los aspectos prácticos que se ven beneficiados o perjudicados por esas disposiciones, quizá tuvieran un trabajo de resultados más beneficiosos para la entidad.
Cerca de cumplir un año en las curules, los diputados locales del presente tienen la obligación de hacer de su legislatura una entidad con funciones que respondan al conjunto de ciudadanos con normas que impulsen el desarrollo, creando instrumentos eficaces para el imperio de la ley y para fincar el desarrollo en condiciones de justicia a secas.
Es probable que la indignación conduzca al abogado De la Garza a las expresiones sin cortesía y a reclamos que parecen regaños. La impaciencia puede residir en otros ciudadanos y en otros sectores ante el desparpajo legislativo y frente a lo superficial del ejercicio de la representación popular. No obstante, en muchos sentidos la comunicación entre legisladores y ciudadanos -ausente desde el momento de su selección como candidatos- es necesaria con urgencia, antes que tengamos un Congreso del Estado confrontado con los sectores que en teoría representa.
¡DE PLANO!
