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Editorial

Plano Informativo | 02/07/2016 | 02:30

Esta semana los opositores al Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu) Palula se adjudicaron un importante triunfo cuando el juez Segundo de Distrito, Francisco Ramos Silva, encontró suficientes elementos para otorgar la suspensión definitiva de las obras del confinamiento de desechos tóxicos en Santo Domingo.
 
¿Qué significa esta suspensión definitiva?
 
Bueno, pues significa que la empresa no podrá realizar actividad alguna en el predio señalado por los permisos y que es motivo de la inconformidad de los habitantes de la región. Realizar trabajos en el predio colocaría a Citsu en desacato y se podrían fincar cargos penales por estas acciones.
 
Por el momento, los habitantes de los municipios de Santo Domingo, Vanegas, Charcas y Villa De Ramos, en el estado de San Luis Potosí; y los de Mazapil y Villa De Coz, en Zacatecas, pueden estar tranquilos lo que resta del proceso judicial que se está corriendo.
 
No se ha ganado la batalla, es cierto, pero las bravuconerías de los empresarios no han logrado echar para atrás a los ejidatarios ni a sus asesores y abogados.
 
De nada han servido los ofrecimientos económicos que, cual colonizadores, hicieron a los pobladores de la región. Los 40 ejidos se han mantenido unidos y han resistido los intentos de soborno y las amenazas, y esta resistencia ha dado frutos.
 
Esto tampoco significa que José Cerrillo Chowel y sus inversionistas y abogados bajarán los brazos y desistirán de su propósito sin dar más pelea. Pero la decisión del juez Ramos Silva empareja la cancha en la que se dirimirá el caso.
 
Y esto es mucho más de lo que otras regiones han tenido, así que sólo resta ver si no salen a relucir más anomalías y si, con tanto por perder, los empresarios no se ven tentados a utilizar acciones más radicales para vencer al pueblo.
 
Por lo pronto, los ojos de todo México están puestos en el municipio de Santo Domingo, esperando el llamado a la solidaridad, para impedir que se instale el confinamiento de residuos industriales.
 
OLVIDARON QUE SOMOS PAISANOS...
 
Lamentable y vergonzante resulta la actitud de los trabajadores de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para con los potosinos que tienen la desfortuna de acudir a esas oficinas a tramitar un pasaporte o su renovación. Las vejaciones de que son objeto por parte de estos burócratas sólo pueden despertar indignación y rabia.
 
¿Con qué derecho un funcionario (menor o mayor) del gobierno tortura a ciudadanos libres, exponiéndolos por horas a los inclementes rayos del sol de verano?
 
Y si sólo pensarlo enoja, imaginar que algunos de estos ciudadanos llevan a sus hijos porque están incluidos en los trámites, o a sus padres adultos mayores, bueno, la indignación crece.
 
Nada justifica el trato que estos pseudo servidores públicos están dando a la gente, pero que además culpen a los propios usuarios de su ineptitud es descaradamente ofensivo.
 
La lista de requisitos publicada en la página web de la SRE es clara y muy muy corta. Se trata de mexicanos tramitando un documento que lo acredite como mexicano al viajar al extranjero.
 
Ojalá que pronto alguien tome cartas en este asunto y se castigue con todo el peso de la ley a estos burócratas que han torturado tan impunemente a los potosinos en su propia casa.
 
FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ