No obstante los esfuerzos realizados por el gobierno del estado para garantizar la seguridad de los estudiantes, específicamente los que cursan la educación básica, da la impresión de que algunos miembros del magisterio no recibieron el memorándum en el que se les informó que proteger a los menores era una prioridad y prefieren minimizar los actos de bullying antes que actuar en defensa de las víctimas.
La espiral de violencia en que han caído los estudiantes de educación básica sólo puede atribuirse a los ejemplos, por lo que revisar y encontrar el origen de los métodos violentos con que estos niños someten a aquellos compañeros que presentan poca resistencia, es una obligación del estado para poner a salvo a las nuevas generaciones.
Y aunque no deja de sorprender la violencia desplegada por estos niños, es la reacción de algunos maestros lo que provoca indignación, porque un adulto no puede justificar la barbarie aduciendo que "las cosas no pasaron a mayores", cuando la víctima presenta daños físicos, psicológicos, emocionales.
No se le puede pedir a un maestro que actúe como verdugo, pero no se le puede permitir que se siente tras el escritorio tranquilamente mientras observaba cómo un grupo de menores destruyen la vida de alguien más pequeño y vulnerable.
¿Qué parte de "cuidar a nuestros niños" fue la que no entendieron?
¿Desde cuándo se están divirtiendo mientras los más fuertes destrozan física, psicológica y emocionalmente a los menos fuertes?
Pero las complicaciones de este tipo de inocentes complicidades trasciende el ámbito escolar y termina por enfrentar a los padres de familia con el sistema educativo, en primera instancia, y con el sistema de gobierno en la última instancia.
Podríamos decir ahora que ha sido la ignorancia la que ha llevado a un sector magisterial a ponerse del lado de los victimarios pero eso sería menospreciar a los mentores.
La realidad es que han perdido la capacidad de asombro y hoy son incapaces de valorar los daños causados por el bullying.
Francisco Javier Rosales Hernández
