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Alondra fue asesinada a tiros por agentes de la Dirección de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, cuando en compañía de otros jóvenes viajaban a bordo de una camioneta por la carretera a Moctezuma el pasado lunes 30 de junio en el Municipio de Villa de Arista.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos calificó la actuación  de los policías como; “fuera de la Norma Internacional  y  de los Protocolos Locales de actuación para el uso de las armas”. La actuación de los agentes policiales  provocó  la muerte de una joven y con ella la destrucción moral, física y emocional de las personas cercanas a su vida. Un terrible suceso que revela los niveles de inseguridad y de violencia hacia las y los ciudadanos como parte del descontrol del Estado.

No obstante, parece que este hecho no tiene mayor relevancia para quienes dirigen la política del gobierno estatal, sus declaraciones  oficiales en medios de comunicación suenan falsas, cargadas de semánticas gastadas que pretenden convencer a la opinión pública evocando la Ley de Víctimas,  los Tratados Internacionales, que no dudo, logren convencer a quienes desconocen  las carencias dentro el aparato gubernamental con sus rimbombantes comisiones especializadas que sirven para dar acompañamiento a las familias de las víctimas con pañuelos desechables  y  consuelos protocolizados.

De la palabrería oficialista  solo hay una verdad que no se puede soslayar; ciertamente los responsables están detenidos, pero Alondra está muerta, y su familia devastada narrando la historia de los hechos una y otra vez en las oficinas de la  Comisión de Víctimas.

Lamento profundamente la muerte de Alondra, no solo por ser una joven mujer a quien truncaron su futuro, sino por ser una víctima de los ¿O de las políticas de seguridad pública? Quizá resultado del desorden en que se expande en nuestro territorio.

Lamento que lejos de indignarse con la actuación del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Gutiérrez García, el gobernador potosino en sus declaraciones sobre los sucesos le haya otorgado un “voto de confianza” y enfatizara “todo su respeto” al funcionario responsable de este cruel asesinato dejando de lado la compasión y el respeto  a los derechos de las víctimas.