Editorial

Cuando faltan siete meses para que entre en vigor la obligatoriedad de la verificación vehicular a nivel nacional, en San Luis Potosí apenas se habla de la posibilidad de concesionar estos servicios mediante una licitación que se lanzará en algún momento antes de enero de 2017.

La necesidad de establecer este tipo de controles era evidente desde hace ya mucho tiempo, pero una y otra vez el proyecto se fue entrampando entre la negligencia y la burocracia que finalmente posponían la decisión para cuando hubiera tiempo o voluntad política.

Bueno, ese tiempo se llegó y ahora lo que no hay es tiempo para esperar a que aparezca la voluntad política para autorizar los centros de verificación vehicular con los estándares definidos por la autoridad federal.

No es que se desconfíe del Cedva, es una de las mejores escuelas que hay en la capital potosina cuando se trata de mecánica automotriz, pero es claro que un módulo para atender a toda la población con automóvil es insuficiente, y sin los anuncios correspondientes, mucho peor.

La homologación de sistemas, criterios y métodos en el país no se consiguen de un día para otro, por eso causa extrañeza que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) esté empezando a pensar en concesionar los módulos.

¿Cuándo pensaba informarle a los potosinos que la verificación vehicular será obligatoria a nivel nacional a partir de enero de 2017?

Más aún ¿cuándo pensaba informar que este trámite que será obligatorio, tendrá un costo determinado por los concesionarios?

Empantanada en la burocracia y perdida en los recovecos de ese laberinto, la Segam ha sido omisa en su obligación de informar con tiempo a la población sobre disposiciones obligatorias a partir de la Federación.

Ahora el reto, ya con el tiempo encima y la inconformidad ciudadana a flor de piel, es lograr un proceso de licitación transparente, claro, que no deje el más mínimo lugar a las dudas y que además, no enardezca más el ánimo social.

Es claro que quienes se aventuren a participar en esa licitación buscarán recuperar la inversión en el menor plazo posible, porque ya nadie quiere esperar plazos prolongados. Las cuentas se acumulan y el trabajo igual se tiene que hacer. ¿Qué garantía hay de que los cobros serán controlados por la autoridad para no afectar de más los bolsillos de la ciudadanía?

No es menor el reto que enfrenta la Segam que de la mano de su titular, Yvette Salazar, deberá vérselas con transparencia, ayuntamiento, licitaciones y además la inconformidad ciudadana.

SIN TIEMPO...

Se terminaron las excusas. Hoy concluir las obras de rehabilitación de la calle Álvaro Obregón es imperativo y no se admiten más pretextos ni inoperancias.

Luego de 12 largos meses sacrificando al comercio local, al que han dejado en un lamentable abandono, hoy no hay más tiempo ni concesiones.

Ni comités, ni constructores, ni voceros, ni engaños. Los potosinos no están dispuestos a soportar más de todo esto.

Sin nadie que dé la cara, que busque siquiera una mínima reparación por el daño causado en esta interminable cadena de errores y pretextos, lo único que sirve es una conclusión inmediata.

Eso y sólo eso... para que se marchen definitivamente del Centro Histórico.

FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ