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Emilia Monreal | Plano Informativo | 30/04/2016 | 18:10
“El costo de la corrupción, y el Sistema Nacional Anticorrupción hasta en período extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión”.
En el Senado de la República quedó “atorada” la iniciativa de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que busca coordinar y homologar las acciones y políticas en los tres órdenes de Gobierno tanto federal, estatal y municipal, en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.
La Cámara de Diputados lo aprobó desde finales de febrero, y la minuta se envío de inmediato para su discusión en la Cámara Alta, y para este 30 de abril, no se concretó, por diferencias de opiniones entre las diferentes fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PVEM, entre otros, por lo que será en un período extraordinario cuando se discuta.
El proyecto del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción incluye reformas a la Constitución, y éstos son algunos de los puntos destacados del dictamen:
1. Los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés.
2. El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo pero deberá ser ratificado por el Senado, con el fin de garantizar imparcialidad en su trabajo.
3. El plazo de para la prescripción de sanciones administrativas graves se amplía de 3 a 7 años.
4. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá más facultades como realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios y ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.
5. Se crea un nuevo esquema para fincar responsabilidades a servidores públicos y, en su caso, particulares que comentan faltas administrativas.
6. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con facultades para sancionar a los servidores públicos federales por faltas administrativas graves.
7. Los estados deben crear sistemas locales anticorrupción.
8. Se crea un Comité Coordinador entre las diversas instancias involucradas a nivel federal, estatal y municipal.
9. Estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la fiscalía contra el combate a la corrupción, la secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
10. Las facultades del Comité son: diseñar y promover políticas para fiscalizar y controlar recursos públicos; prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción, con especial atención a las causas que los generan.
11. Anualmente el Comité presentará un informe sobre sus avances y la aplicación de políticas y programas. Emitirá recomendaciones a las autoridades con el objeto de que adopten medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento para la prevención de la corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.
12. Se contempla un esquema preventivo para que las autoridades competentes cierren cualquier espacio a la discrecionalidad y al abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos y los entornos donde la corrupción haya sido observada de manera sistemática.
13. Propone la creación de un Comité de Participación Ciudadana integrado por 5 ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción.
14. Se faculta al Congreso para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. El Legislativo tendrá un año, a partir de la entrada en vigor del decreto, para aprobar las leyes generales, así como las reformas a la legislación. Además, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La minuta no pudo concretarse, porque luego había senadores que incluyeran a todos sus familiares en su declaración patrimonial, no sólo los de su familia, (por ejemplo sí están casados, también se informe los bienes de su cónyuge y de sus hijos, sino ampliarlo al resto de sus familiares, como tíos, primos, hasta primos segundos. Por una parte, resultaba buena la propuesta, pero luego era un poco ilógica, aunado a que el punto de la discusión entre los legisladores es cómo proteger su información, porque tenían que tener medidas de seguridad al respecto.
De acuerdo a datos de la Coparmex nacional, la corrupción cuesta a México alrededor del 10 por ciento del PIB y a las empresas hasta un 5.0 por ciento de las ventas anuales.
Pero el costo social es aún mayor, porque el 14 por ciento del ingreso promedio anual de los hogares son destinados a pagos extraoficiales, e incluso, está demostrado que hay una correlación directa entre la corrupción y los niveles de violencia.
La iniciativa de este Sistema Nacional Anticorrupción, estaba respaldado con las más de 634 mil firmas que se recabaron para la Ley 3 de 3, y como lo dijo oportunamente el presidente local de Coparmex, Gustavo Puente Estrada, se pide garantizar que la ciudadanía presida el Sistema Nacional Anticorrupción, con una autonomía y facultades plenas a los órganos que lo conforman "debe poseer dientes para morder a la impunidad, es decir afectar directamente los bienes producto de la corrupción con un marco jurídico adecuado para resarcir el daño".
Buen fin de semana.
@emiliamonreal
