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Miguel Ángel Guerrero | 09/04/2016 | 09:02

San Luis Potosí parece condenado a vivir sin un lugar para el confinamiento de residuos peligrosos como lo marcan el fracaso que han sufrido los intentos por crear uno en diversos lugares del estado.

Pero, quizá la principal razón que impide que prospere cualquier proyecto dirigido a la construcción de uno de esos confinamientos consiste en que al solo anuncio del mismo la gente que habita en las cercanías o sus alrededores de inmediato se levanta en pie de guerra protestando por su construcción y demandando su cancelación, lo que generalmente consigue de las autoridades.

Esto viene a colación luego de que ayer se registró otra manifestación de inconformidad de habitantes del municipio de Santo Domingo y del rumbo de la zona de Palula donde se pretende construir un confinamiento pues ha generado la inquietud de que los desechos que les lleven puedan ser causantes de enfermedades peligrosas para ellos o el envenenamiento de los mantos acuíferos lo que parece estar sellando la suerte que correrá este proyecto en el que según se menciona que está involucrado  el que fuera titular de la Junta Estatal de Caminos del gobierno de Fernando Silva Nieto Fausto Cervantes.

Igualmente ha habido pretensiones de este tipo que no sólo la gente ha impulsado a su cancelación pues hasta gobernantes los han combatido como fue el caso del emblemático caso del confinamiento de la comunidad La Pedrera del municipio de Guadalcazar al que en tiempo de gobernador se opuso Horacio Sánchez Unzueta a tal punto que en aras de conseguir su cancelación logró que el lugar donde se ubica fuera declarada como área natural protegida por el congreso del estado aunque el tiro salió por la culata pues los inversionistas de la firma Metalclad se inconformaron ante un panel del Tratado de Libre Comercio logrando que el tribunal fallara en su favor y sentenciara al gobierno mexicano a indemnizar a la empresa con 16 millones de dólares que no hubo forma de evadir y que gradualmente se dedujeron de las participaciones federales que le tocan al estado.

Sin embargo, desafortunadamente, los años pasan y, para temor de los habitantes de ese municipio las casi 200 mil toneladas de desechos tóxicos que alcanzaron a depositarse en el confinamiento continúan en el lugar con el riesgo de que los tambos que los contienen  los destruyan los químicos de los resiuos y entonces sí se cumplan los funestos pronósticos de los ambientalistas en el sentido de que podrían envenenar los mantos acuíferos aubterráneos y aún provocar nubes tóxicas peligrosas para la salud de los habitantes sin descontar que también lleguen a generarse explosiones capaces de dañar los sistemas ecológicos de la región por la elevada toxicidad de los desechos que están ahí.

En breve plática de un ex alcalde de Guadalcazar con esta columna nos comentaba que las más de 150 mil toneladas de residuos tóxicos siguen confinadas en La Pedrera sin la mínima vigilancia por parte de las autoridades y ante el total abandono de Metalclad lo que viene a confirmar la impresión de las pocas posibilidades de que SLP llegue a contar con un confinamiento de residuos peligrosos toda vez que desde el anuncio del proyecto de construir uno la gente ya está prejuiciada respecto de que constituyen un grave riesgo para la salud de quienes viven en la zona donde se quiera levantar y peor si no hay claridad en la explicación en torno a las medidas de seguridad con que contaría