Monosatírico

La semana pasada resultó interesante en cuanto a acciones tendientes a la creación de leyes al margen de la participación de partidos políticos, por un lado la Ley 3 de 3, que busca instaurar un mecanismo capaz de transparentar los bienes e intereses de servidores públicos y por otro la Iniciativa ciudadana de ley general de Cultura, presentada ante el Senado de la República y de la cual nos ocuparemos ahora.

Como se podrá recordar, el 16 de septiembre de 2015, Enrique Peña Nieto anunció sin mayor antecedente en su administración, la creación de la Secretaría de Cultura federal, idea concretada tras la aprobación en un plazo bastante corto por una mayoría aún desconcertante de legisladores y la designación nada sorpresiva de Rafael Tovar y de Teresa al frente de ésta. Hasta ahí quedaron las cosas, en el campo legal lo siguiente es la elaboración y publicación del reglamento regulatorio de la nueva dependencia.

En ese sentido y con el antecedente de procederes largos y estancias en el olvido de los asuntos enfocados a la cultura, un grupo de ciudadanos presentó una iniciativa ciudadana de Ley General de Cultura, elaborada por Arturo Saucedo González, como principal ideólogo junto con el abogado Antonio Cabrera y el especialista en Derechos Humanos Diego Guerrero, además de otras personas no estuvieron presentes en el encuentro.

Recordaron que desde la modificación en 2009 al artículo 4 de la Constitución -donde se eleva a ese rango el derecho a la cultura -y la creación de la Secretaría han pasado casi siete años, de ahí la idea de no dejar correr el tiempo para reglamentar y abrir  a la brevedad el debate público y obtener una ley democrática e inclusiva la cual permita el ejercicio pleno de los derechos culturales; en función de que a la fecha no existen mecanismos para defenderse ante el incumplimiento, sino mera enunciación de aquello que como ciudadanos nos corresponde.

Los senadores receptores de la iniciativa se mostraron abiertos y entusiastas, Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta, incluso señaló esperar se apruebe tal cual, pues es completa y realizada por expertos; no obstante, los civiles marcaron en varias ocasiones que la intención es abrir el debate público de manera cualitativa, como señaló Guerrero: “Ya nos hemos oído mucho… ya hemos platicado mucho los temas… tiene que ser un diálogo significante, si seguimos haciendo diálogos y diálogos termina siendo una plática de sordos” (tal frase me remitió de inmediato las pobres e inocuas “Mesas de enfoque del Plan Estatal de Desarrollo 2015-202” convocadas por la Secretaría de Cultura potosina en noviembre pasado).

En la presentación señalaron además la necesidad de articular el buen funcionamiento entre las dependencias de los tres niveles de gobierno respetando las autonomías, descoordinación ejemplificada en el hecho de que tanto México como Alemania cuentan con diez ciudades declaradas patrimonio de la humanidad, con la diferencia de que las europeas se consideran potencias mientras las nacionales andan alrededor del lugar 60 en esa tabla de medición, amén de especificar las esferas de alcance. Al respecto y como muestra de lo atrasado de San Luis Potosí, baste recordar la absurda propuesta de modificación de la ley estatal de cultura propuesta al final de la legislación local pasada y el empalme que con plena ignorancia pretende adicionar el diputado Mariano Niño para modificar el nombre de la actual comisión de “educación, cultura, ciencia y tecnología” agregándole a tal batidillo la carga de “deporte”.

La propuesta ciudadana va en función de crear un consejo consultivo (si, ooootro, también pensé yo, pero…) en el cual converjan instituciones, académicos, intelectuales y preponderantemente actores del quehacer cultural, es decir la ciudadanía, con el fin de encaminar a la Secretaría de Cultura en su cauce natural en los usos, costumbres, instrumentación y transformación demandados por la propia sociedad y no en planes ciegos dictados desde un escritorio de maderas finas.

Desafortunadamente el documento llevado a la Senaduría no se encuentra disponible aún para consulta pública, situación a resolverse a la brevedad a fin de poder comenzar a estructurar la finalidad con la cual se dice fue creada: dar voz a la sociedad. En particular, espero llegue pronto al menos a aquellas personas que en los tres niveles del estado se supone deberían estar al tanto, a ver si van abriendo los ojos.