Medio Ambiente

Durante su ejercicio gubernamental con el supuesto propósito de proteger el medio ambiente potosino, Horacio Sánchez Unzueta promovió exitosamente ante el congreso del estado que se declarara como zona protegida la zona de la comunidad de La Pedrera de Guadalcazar donde la empresa Metalclad había construido un confinamiento de residuos peligrosos en el que ya tenía confinadas más de 20 mil toneladas de desechos altamente contaminantes en una decisión que un tiempo después golpearía severamente las finanzas estatales en un episodio que ojalá no se repita con la decisión de rescindirle el contrato de recolección de basura a la empresa Vigue para lo que el cabildo capitalino ya autorizó al alcalde Ricardo Gallardo Juárez solicite el aval del congreso del estado para hacerlo.

Los potosinos esperan que previo a tal autorización los miembros del cabildo hayan solicitado una opinión a fondo del equipo jurídico de la administración municipal o de jurisconsultos capaces sin vínculos con empresas relacionadas con la prestación del servicio de limpia que no contaminen la asesoría que puedan prestar con el fin de blindar anticipadamente la mencionada rescisión ante una demanda por daños y perjuicios con resultados financieros funestos como sucedió con el asunto de Metalclad.

Como quedó bien registrado, en su mandato Sánchez Unzueta impulsó ante la legislatura local la expedición de un decreto que declarara como zona natural protegida el área de la comunidad de La Pedrera del municipio de Guadalcazar donde se asentaba el confinamiento de aquella firma canadiense en el que ya se habían depositado las más de 20 mil toneladas de desechos tóxicos que todavía siguen allí, en la exposición de motivos del decreto aprobado por la legislatura de entonces se establecía que la declaratoria tenía por objeto preservar el medio ambiente de los riesgos de contaminación ambiental que implicaba la acumulación de grandes cantidades de residuos peligrosos aunque en el medio político circularon versiones respecto de que en tal aprobación influyeron presiones y hasta posibles “moches” distribuidos por los directivos del confinamiento de residuos tóxicos ubicado en Mina, Nuevo León competencia de la firma canadiense.

Al ver afectados sus intereses la empresa que operaba en Guadalcazar demandó al gobierno mexicano ante un panel internacional del Tratado de Libre Comercio en un proceso que desembocó en la sentencia en favor de Metalclad obligando a la federación a indemnizar con 16 millones de dólares a la firma canadiense que no hubo forma de evadir con Vicente Fox en la presidencia del país.

Sin embargo, con Fernando Silva como gobernador del estado de esa época el monto total de la sanción impuesta, el gobierno federal se la descontó paulatinamente de las participaciones federales que correspondían al estado lo que metió en serios aprietos económicos a FSN.

Es por ello que gente del medio empresarial expresaban su preocupación ayer a esta columna porque la decisión gallardista de rescindir el contrato a Vigue se haya blindado jurídicamente de tal forma que no origine una demanda que pueda dar lugar a que se obligue al ayuntamiento capitalino a indemnizar con 100 o 200 millones de pesos a la empresa que resultará afectada con la rescisión pues es la obligación del equipo jurídico municipal prever las consecuencias de las decisiones del alcalde y que no se abra la puerta a que se registre otro que podríamos llamar “metalcladazo”.