Jueves 28 de Marzo de 2024 | San Luis Potosí, S.L.P.

MARGINALIA

Jorge Fernando Canseco Casados | 04/02/2016 | 20:18

San Luis Potosí ha estado en el candelero nacional por años. Las encuestas elaboradas por el INEGI en colaboración con las Universidades, como es el caso de la Universidad de Las Américas de Puebla) y las realizadas por el Sistema Nacional de Seguridad, no ofrecen ninguna razón para el orgullo, aún y cuando, en materia de reducción de la tasa de impunidad, esta entidad federativa ya se encuentra a media tabla nacional y nos ofrece una bocanada de aire.

Algo ocurrió. Algo que dejamos pasar, casi sin darnos cuenta; y, es que no está en las vocaciones del pueblo potosino la corrupción, la impunidad, la injusticia y subordinación: la historia lo demuestra de manera fehaciente.

Con todo, desde el año 2000 a la fecha, la percepción local, nacional e internacional, es que algo está marchando mal en San Luis Potosí.

La organización México Evalúa, encabezada por Edna Jaime Treviño, por ejemplo, daba cuenta de ciertos avances logrados en la entidad, por lo que se refiere al abatimiento de la impunidad, no obstante la cifra de víctimas de delitos se mantuvo muy alta, al registrar una incidencia de 20 mil 017 delitos por cada 100 mil habitantes.

Esa misma organización (México Evalúa) da cuenta de los por qué: el retraso potosino en el rubro de la acreditación de sus Centros de Evaluación y Confianza y los procesos de evaluación policíaca; el bajo cumplimiento de órdenes de aprehensión y la poca efectividad en la resolución de las investigaciones.

De ahí que el gobierno estatal, encabezado por el doctor Juan Manuel Carreras haya definido como urgente y prioritario acelerar los trabajos y los procesos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, mismo que ofrece un considerable rezago respecto de otras entidades del país.

La falta de efectividad en materia de cumplimentación de órdenes de aprehensión, ha traído como consecuencia un fuerte golpe a las instituciones de justicia, tanto de procuración como de administración y a las corporaciones policíacas, de modo que se ha calculado que en 2014 dejaron de denunciarse casi 31 mil presuntos delitos, evidenciándose esto en el hecho cotidiano que indica que el 75 por ciento de los homicidios dolosos se mantiene en la impunidad.

Resulta inadmisible todo esto cuando se conoce que San Luis Potosí cuenta 7.4 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes (en Baja California Sur existen 8.5 agencias del MP por cada 100 mil habitantes) y, no obstante en materia de resoluciones de investigación, San Luis se mantenga la más baja tasa de efectividad nacional: 5.4 por ciento, contra el 29.9 por ciento registrado en Chihuahua; y que, en materia de cumplimentación de órdenes de aprehensión, San Luis se ubique en el cabús del tren nacional, con una eficiencia de 14.2 por ciento contra el 75.7 por ciento alcanzado en Colima.

Y esto es así, no porque San Luis Potosí carezca de elementos policíacos suficientes, toda vez que se cuenta con una tasa de 305 agentes por cada 100 mil personas. Sólo para darnos una idea apuntemos que en Colombia operan 229 policías por 100 mil habitantes y en la Unión Americana, 223. La diferencia, entonces, no es de número, sino de calidad... y vocación.

Sin lugar a dudas el doctor Carreras López no ha dejado escapar estos datos arrojados por los analistas y por las instituciones. Sabedor de que el nuevo sistema de justicia penal podrá respaldar las políticas públicas tendientes a reducir los bárbaros rezagos en materia de justicia, abatir los índices de impunidad, corrupción y aportar eficiencia, seguridad, confianza y mayor calidad a las instituciones de este delicado sector, ha librado ya las instrucciones y lineamientos para reenfocar estos escenarios, afrontarlos y ofrecer soluciones reales en respuesta a la legítima demanda y reclamo de los potosinos.

Para que este escenario vislumbrado desde las instituciones comience a cristalizar se requiere de la confianza y de la participación del mayor número posible de ciudadanos, de modo que, paralelamente, se debe trabajar, desde las instituciones, desde la academia y desde las organizaciones de la sociedad en varios frentes: la restauración de los valores y principios que se han relajado hasta el punto de la desaparición, el fortalecimiento de los vínculos intersociales que dan pie a la organización; la difusión de los derechos humanos, el establecimiento de plataformas de comunicación social que permitan la implementación de consultas permanentes, metódicas y la difusión constante de las políticas públicas desprendidas de la consulta, del diálogo y el consenso y, la transparencia de los actos públicos; además, es de subrayarse el hecho de que, sin un esfuerzo social, las políticas públicas, por buenas y bien intencionadas que sean, tendrán una baja tasa de efectividad.

Ya ha llegado el momento de que San Luis se despoje de su triste imagen de corrupción e impunidad; es importante comenzar a trabajar en la reconstrucción del dañado tejido social, quebrar la desigualdad que afecta a los potosinos y empezar a darle sentido, rumbo y metas al conjunto social.

Hemos de insistir en que estos escenarios no son propios de la vocación de los potosinos y en que algo, algo ha venido incidiendo en este cambio de conducta; necesitamos discutir estas realidades, necesitamos identificar nuestros problemas y sentarnos, con voluntad de construcción a resolverlos de una buena vez, antes de que echen raíces más profundas y todo lo que se ha erigido con el esfuerzo social comience a pudrirse.