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Ventana Política

Lupita González | 27/01/2016 | 09:23

Ha sido mi experiencia, que gente que no tiene vicios tiene muy pocas virtudes.

Abraham Lincoln

La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió en San Luis Potosí un conflicto que se había pospuesto en los varios intentos que ha hecho el Poder Legislativo por armonizar el Código Civil del Estado con la normatividad federal sobre matrimonios igualitarios.

En cada uno de los intentos de la Legislatura por dictaminar sobre este asunto y sumarse así a las pocas entidades federativas que acatan tales disposiciones, los sectores ultra conservadores abren boca con declaraciones de guerra, anunciando "para los próximos días" una marcha para manifestarse en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El ultraconservadurismo no es malo si se practica en casa y no impulsa a irrespetar el derecho de los demás. Pero tratar de imponer nuestro derecho por encima y a pesar de los derechos de los demás, dista mucho de ser una actitud republicana y mucho más de la modernidad a que aspiramos como sociedad.

Por lo pronto, las demandas de grupos como el Consejo Coordinador Ciudadano, están llevando al Congreso del Estado a una confrontación directa con la Federación que bien podría terminar como caso de controversia constitucional en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y es que con el pretexto de que es necesario defender el "matrimonio natural", estos grupos se alejan cada vez más de la democracia y la libertad. Y argumentando que tales matrimonios igualitarios son solo libertinaje, se sienten con el derecho y el deber de poner por enfrente de diputados y activistas toda clase de obstáculos, sin considerar ni por un momento que esto puede confrontar al Poder Legislativo local con el gobierno de la República de la que formamos parte.

¿Cuándo aprenderemos que el respeto al derecho ajeno es la paz?

¿Qué se necesita para que decidamos aceptar que el resto de la humanidad no está obligado a pensar como nosotros?

Y entonces como ciudadanos, exclusivamente como ciudadanos, estamos poniendo a nuestros representantes populares entre la espada y la pared.

Los estamos obligando a violentar la ley. Seguramente mañana, cuando las sanciones federales se dejen caer sobre la entidad, olvidaremos convenientemente que fuimos nosotros mismos quienes obligamos a nuestros diputados a violar las disposiciones federales.

Ahora sólo falta saber qué abogado se aventará el tiro de organizar un amparo para suficiente gente como para justificar la inacción de los integrantes de la LXI Legislatura.

 

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