El mensaje es claro, la violencia feminicida no es asunto prioritario para algunos estados y San Luis Potosí es una muestra de ello. El año pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 26/2015, la primera que presentó por feminicidio, dirigida al ahora ex procurador Miguel Ángel García y al entonces presidente municipal de Tamasopo, Vicente Segura, por el asesinato de una mujer a manos de su esposo.
La recomendación fue emitida por vulnerar los derechos humanos de la víctima y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en las que incurrieron un agente del Ministerio Público adscrito a Tamasopo, el síndico municipal y el asesor jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de dicha localidad. Según la recomendación, la víctima, acudió en mayo de 2013 a la Agencia del Ministerio Público del fuero común, con sede en Tamasopo, para denunciar a su cónyuge por agresión violenta. El representante social realizó una audiencia conciliatoria el 10 de junio, pero no dictó medidas de protección para la víctima. ni se le brindó atención integral e institucional que incluyera atención sicológica, médica y jurídica, además de la falta de acciones efectivas para la protección de su integridad, colocándola en una situación de vulnerabilidad, lo que originó que sufriera una nueva agresión en donde perdiera la vida.
Dentro de este mismo tenor y dejando muy en claro su compromiso con los Derechos Humanos de las mujeres, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jorge Vega, presentó el pasado 11 de noviembre, un informe especial sobre el índice de feminicidios registrados en San Luis Potosí del 2011 a la fecha, tiempo en el que según datos oficiales la cifra asciende a 151 mujeres que perdieron la vida de una forma violenta e hizo un puntual señalamiento sobre las omisiones y errores en los que ha incurrido la Procuraduría de Justicia del Estado, al no investigar, atender e incluso al tipificar de manera equivocada las muertes violentas de mujeres, haciéndolos pasar sólo como homicidios. Casi una semana después de presentar este informe, la CEDH formalizó la solicitud de alerta de género para 6 municipios de la entidad potosina.
Este anuncio de la solicitud de Alerta de Género fue muy bien recibido e incluso cobijado por el Gobierno del Estado a cargo del Dr. Carreras en virtud de que dicha alerta de acuerdo con la Ley de Acceso, tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra y obliga a implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; así como elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres y asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta, entre otras medidas.
Bien, pues hasta aquí todo iría de maravilla, si no fuera por que, siendo como es el procedimiento para la declaratoria de alerta, deben de pasar varios meses para que ésta sea (o no) otorgada. Hace unos días, la Titular del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, declaró ante diversos medios de comunicación que la declaratoria podría tardar hasta ocho meses…¡¡¡ OCHO MESES!!! Y mientras tanto ¿Qué hacemos las mujeres? ¿Nos esperamos sentadas a que llegue la declaratoria mientras nos siguen asesinando? Porque dentro del análisis hemerográfico que, a manera de observatorio de violencia de género hacemos en la asociación a la que pertenezco, durante las festividades de navidad y año nuevo, hubo un repunte en la violencia de género en diferentes puntos del estado. No es la primera vez que sucede, es un hecho, desgraciadamente, que se espera por las tendencias observadas (y medidas) en los diagnósticos de violencia realizados en el estado en las que se relaciona (o justifica) la violencia con la ingesta excesiva de alcohol. Yo esperaría, en congruencia con los discursos que ha dicho desde su toma de protesta, que el Dr. Carreras no tenga que esperar una alerta de género para hacer lo que POR LEY está obligado a hacer, es decir, garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia y a la igualdad sustantiva.
No omito mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace apenas unos días, emitió la Recomendación 55/2015, dirigida al Gobernador Manuel Carreras López, por violación al derecho de acceso a la justicia, por actos y omisiones de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia potosina (PGJ-SLP) en la averiguación previa que se inició por el homicidio de Karla Pontigo ocurrido en octubre de 2012. Si, ya sé que en ese tiempo él no era responsable, pero AHORA si lo es. Si el Gobernador es inteligente, deberá tomar esta recomendación como un excelente pretexto para por fin hacer las cosas bien y que el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, deje de ser un elefante blanco y cumpla con su labor de impulsar y proponer una política pública con REAL transversalidad de la perspectiva de género y logre así garantizar a las mujeres una vida digna. De otra manera no entendería… ¿Cómo se puede justificar el incumplimiento de la Ley ante un panorama tan evidente y desolador de violencia sistemática para las mujeres y niñas de este estado? ¿Qué explicación se puede dar ante las familias de las mujeres asesinadas ante la reafirmación de la impunidad y la falta de interés por erradicar esta problemática? ¿qué es lo que tenemos qué hacer para que detener tanta injusticia, corrupción, impunidad e indiferencia? No esperemos la declaratoria de alerta Señor Gobernador, que el Sistema Estatal para Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres cumpla con sus funciones y salve la vida de las mujeres desde hoy.
