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Editorial

Plano Informativo | 12/01/2016 | 02:02

La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno del estado por las omisiones cometidas por Miguel Ángel García Covarrubias en el caso del homicidio de la edecán Karla Pontigo Luccioto, habla con claridad de la herencia que el ex procurador dejó en la dependencia que tuvo a su cargo y desde la que se cometieron toda clase de abusos y atropellos.

 

Era moneda de uso corriente, pero el caso de Karla Pontigo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

Por fortuna para García Covarrubias, no es él quien deberá rendir cuentas por la actuación inadecuada de los agentes del Ministerio Público del fuero común, que no actuaron con la debida diligencia, omitieron realizar acciones pertinentes para la adecuada integración de las indagatorias o las realizaron de manera insuficiente, no otorgaron el reconocimiento y la atención adecuada a los familiares de la víctima, incumplieron sus obligaciones, tuvieron falta de imparcialidad y eficiencia, y omitieron promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

 

La responsabilidad moral recae en Miguel Ángel García Covarrubias, toda. No hay atenuantes a su falta de compromiso con la correcta y expedita aplicación de la justicia.

 

¿Legalmente se puede imputar alguna responsabilidad a García Covarrubias por estos hechos? Seguramente los abogados que suelen desmenuzar las acciones de gobierno nos informarán en breve qué tipo de responsabilidad se le puede imputar.

 

Por lo pronto, queda claro que la responsabilidad moral es toda suya.

 

Y algún costo tendrá que tener para él, el calvario que hizo pasar a la familia de la edecán asesinada. Calvario que no tuvo más razón que el amiguismo y se convirtió en una herencia de sangre para la actual administración que deberá dar la cara, institucionalmente, por tropelías cometidas por la pandilla del ex procurador.

 

AGUAS... PORQUE SALE CARO, NUEVOS COSTOS EN LAS INFRACCIONES 

 

Con la llegada del nuevo año, llegaron también los aumentos en las multas de tránsito en la capital potosina. No son lo que había propuesto la administración gallardista, pero no dejan de pegar en el bolsillo de los conductores potosinos, acostumbrados a los reglamentos laxos de las anteriores administraciones que se contentaban con incluir el costo de impresión de multas y recibos.

 

Conducir con aliento alcohólico o en estado de ebriedad sigue siendo la violación más sancionada por la nueva administración, que argumenta que estos cobros tienen como finalidad desincentivar la comisión de acciones violatorias.

 

Automovilistas, motociclistas y ciclistas son tratados por igual y cada modalidad de transporte tiene las restricciones propias, cuya violación conlleva una sanción pecuniaria acorde al tamaño de la falta.

 

Resta ver si, efectivamente, las sanciones económicas convencen a los potosinos de la necesidad de respetar el reglamento de tránsito.

 

FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ