El derrumbe del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) parece inevitable. Con una cartera vencida de casi 200 millones de pesos y sueldos de Secretaría de Estado, poco se puede hacer para rescatar esto que fue un gran proyecto de la ola ciudadanizadora que vivió San Luis Potosí en el último cuarto del siglo pasado.
Cobros injustificados, malas lecturas, nepotismo, tráfico de influencias, y una larga serie de prácticas irregulares que le han ganado el repudio de la población, tienen hoy al Interapas al borde de la extinción, a pesar de lo cual poco o nada se hace desde su dirección para enderezar el barco y tratar de mantenerlo a flote la mayor cantidad posible de tiempo.
PAGO JUSTO
Es cierto que la gente prefiere pagar otras cosas antes que el consumo de agua, y esto obedece a la lógica más simple: ¿por qué pagar por un servicio que no se tiene o que, en el mejor de los casos, se tiene a medias?
Antes que ir a pelear por un cobro justo, un gran porcentaje de usuarios de la capital potosina prefiere no pagar.
Esta es una deuda que el actual director del organismo, Ricardo Fermín Purata Espinoza, no ha encarado para dar solución y ofrecer a los usuarios capitalinos una alternativa que allane las dificultades que los aleja, principalmente, de las cajas recaudadoras.
¿Por qué pelear y confrontarse con los usuarios? ¿por qué repetir las prácticas de terrorismo fiscal que otras administraciones han llevado a cabo sin ningún resultado positivo?
No es sólo el alto costo del agua potable, cuya calidad es muy dudosa. Ni siquiera el trato déspota de muchos de sus directivos al público.
Purata Espinoza no se ha comprometido con el organismo. No ha planteado programa alguno para mejorar ni el servicio, ni la calidad del agua, ni resolver la cartera vencida, ni para terminar con la corrupción.
SEGUNDAS PARTES
A primera vista parece que llegó a esa dirección para dar continuidad a las políticas de la anterior administración y que se ha especializado en encontrar problemas para cada solución que se le plantee.
Y conociendo el tabulador de sueldos que maneja Interapas, resulta casi natural que los lecturistas, que ganan sólo 6 mil 400 pesos mensuales (el equivalente a tres salarios mínimos) decidan irse por la libre y entorpecer los trabajos que realizan en camionetas del Interapas, para ofrecer sus buenos oficios particulares y embolsarse algo así como la mitad de lo que cobran los directores de área, que son 46 mil 978 pesos mensuales.
Resulta por demás complicado entender cómo es que un administrador que llega con todo el respaldo ciudadano, que cuenta con el apoyo de las cámaras empresariales y que ha unificado incluso a los partidos políticos, opta por la apatía y la inacción, poniendo en riesgo su capital político y comprometiendo, además, los resultados de una administración que recién empieza.
Bien harían los asesores del organismo en tratar de hacerle ver los riesgos que conlleva la inacción y la falta de respuesta a compromisos adquiridos a su llegada, y hablarle de las ventajas de volver al camino del cambio y el desarrollo, sometiendo al imperio de la ley a aquellos que abusando de su puesto y credenciales, estafan a los habitantes de la capital tunera.
FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ
