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Editorial

Plano Informativo | 09/01/2016 | 01:34

Este viernes el organismo operador de agua Interapas, reconoció que  se tienen detectadas al menos 300 tomas clandestinas en la zona metropolitana gracias a un programa que se diseñó específicamente para localizar estas conexiones irregulares.
 
Se explicó también que el organismo ha entablado pláticas con los usuarios que se han beneficiado de estas artimañas , conminándolos a que se regularicen en los pagos, para no incurrir en un delito.
 
¿Para no incurrir en un delito?
 
Cuando ha sido la negligencia, corrupción y falta de responsabilidad social del organismo lo que ha obligado a los ciudadanos a recurrir a las prácticas que mañosamente les propusieron los propios empleados del Interapas, cuando violando las garantías contenidas en todas las normatividades mexicanas al dejar sin agua los hogares familiares, ¿cómo se puede acusar a estos ciudadanos de incurrir en un delito?
 
Pero se anuncia, además, que dado que el problema de la clandestinidad es demasiado para el Interapas, han decidido contratar un servicio externo para la supervisión de cortes y reconexiones, servicio que se licitará en fecha próxima.
 
En mexicano eso significa que la administración que encabeza Ricardo Fermín Purata Espìnoza abrirá una nueva bolsa para esquilmar al usuario doméstico y por supuesto para beneficiar con algún contrato a  recomendados, amigos o compadres .
 
Y dado que para ellos las denuncias por mal servicio no existen porque no tienen conocimiento de que se hubiera presentado una sola, dan por hecho que el trabajo está bien hecho aunque la mitad de la población carezca del líquido, los cobros sean impagables y las pipas cobren lo que quieren.
 
Si así como organizaron un equipo de trabajo para detectar las tomas clandestinas armaran un equipo para que investigara cada una de las anomalías denunciadas por la población, si tomaran en serio la fila formada por decenas de potosinos que diariamente acuden a las oficinas de Interapas para llevar a cabo alguna aclaración en el cobro de su servicio, seguramente descubrirían en dónde está la corrupción y quiénes son los que se han estado llenando los bolsillos con dinero del pueblo usando la ineficiencia del organismo como llave mágica para resolver sus problemas económicos.
 
PIDEN CUENTAS CLARAS
 
Tal como anticipara Manuel Barrera, la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Arturo Gutiérrez García, fue ríspida y el mayor logro de los diputados fue el compromiso del jefe policiaco de reunirse una vez al mes.
 
Los legisladores, para variar, estuvieron incisivos y decididos. Las condiciones que guarda la seguridad en el estado no los tiene satisfechos y lo ocurrido en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila los tomó por sorpresa y no les ha gustado nada.
 
Bueno, les ha gustado tanto que piden las cabezas del director de La Pila, Francisco Reyes García; y Leonardo Guzmán, titular del secretariado técnico, ya que de entrada no reúnen el perfil que se exige para estos puestos, aunado a una serie de acusaciones en su contra que en su mayoría no han sido aclaradas.
 
En resumen en esta comparecencia los responsables de la seguridad  dijeron todo lo que políticamente era correcto decir.
Es decir: NADA.
 
No se puso fecha para el despido de los funcionarios ni se habló de posibles perfiles, menos de estrategias ni de acciones ; vamos ni siquiera hubo compromisos de valorar esas posibilidades.
 
El único compromiso que se logró fue el de reunirse una vez al mes, quizás para narrar anéctdotas o leer las crónicas de las secciones policíacas de los medios de comunicación
 
En Fin.
 
FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNÁNDEZ