Editorial

La negativa de los vecinos de la alguna vez llamada zona de la Cancha Morelos, a que entre en operaciones la Comandancia Centro tiene al Ayuntamiento capitalino entre la espada y la pared.

Mucha gente no sabe que las obras construidas con recursos obtenidos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) no pueden ser destinadas a un fin distinto del que le dio origen. Es decir, que si les autorizaron recursos para una obra específica, es en esa obra específica en la que se tienen que emplear o la Federación sancionará al municipio que incurra en esta irregularidad.

Pongamos como ejemplo sólo un caso: en 2013, la Secretaría de la Función Pública condenó al ayuntamiento de Guadalajara, en el estado de Jalisco, a reintegrar a la Federación el 85 por ciento de los recursos recibidos a través del Subsemun y que fueron aplicados a una obra diferente en 2011.

El gobierno municipal de Guadalajara tuvo que reintegrar a la Federación el 85 por ciento de 95 millones de pesos que recibió en 2011.

Por eso sorprende la insistencia del secretario general del Ayuntamiento, Marco Antonio Aranda, en que se podría instalar una guardería en esas instalaciones.

Hasta donde se sabe, no está permitido cambiar el destino de una obra que se realizó con recursos del Subsemun.

¿Que podría hablar y exponer el caso ante las autoridades correspondientes? Sí, podría y debería hacerse para tratar de resolver este entuerto.

No se trata de un capricho ni de parte de los paterfamilia ni de parte de la autoridad municipal.

Es lo que hay. Un problema heredado al que no se dio solución a tiempo y que hoy se ha convertido en un gran problema.

Nadie quiere una comandancia de policía frente a la escuela de sus hijos.

Pero tampoco nadie quiere que el gobierno de la ciudad, que ya tiene bastantes problemas económicos, tenga que reintegrar los 50 millones de pesos que costó la obra.

Hasta ahora no parece que haya una forma de mediar en este conflicto. Comandancias de policía tiene que haber en la ciudad y así como nadie puede asegurar que jamás estará en peligro la población que viva en los alrededores, tampoco nadie puede asegurar que por el solo hecho de que la policía esté ahí, los ciudadanos corren inminente peligro.

Los vecinos radicalizan su postura y hoy tienen al gobierno de la ciudad entre la espada y la pared. A menos, claro, que estos vecinos estén dispuestos a pagar entre todos, el dinero que deberá reintegrarse a la Federación. Improbable, pero desde la distancia parece una solución lógica. Dividir las pérdidas entre los opositores y el gobierno.

DESCOBIJADOS EN EL CENTRAL

Antes de terminar el periodo ordinario de sesiones, integrantes de la Comisión de Salud de la LXI Legislatura solicitaron información detallada de los recursos que entran y salen de las arcas del Hospital Central Ignacio Morones Prieto.

Fuentes allegadas a la comisión legislativa de salud, dijeron extraoficialmente que los diputados recibieron información fidedigna de que un porcentaje importante de los recursos que recibe el hospital escuela se van a los altos sueldos de los funcionarios que han encontrado en esta institución un modus vivendi de jeque árabe.

Y es que año con año la dirección del hospital regional demanda más y más recursos que jamás parecen ser suficientes.

Es cierto que los gastos que tiene un hospital de las características del Morones Prieto son enormes, y que la recuperación no siempre es lo que los directivos quisieran, pero con una fuga en gasto corriente, por sueltos estratosféricos, es más que entendible que no haya recurso suficiente para las necesidades primarias del nosocomio.

Francisco Javier Rosales