Kiosko

El regidor del cabildo capitalino Raymundo Ramírez Urbina volvió a poner sobre el tapete de la discusión pública un tema que se ha convertido en una aspiración de la mayoría de los potosinos como es la regulación de las marchas y plantones de grupos ciudadanos que al realizarlas provocan el caos en la circulación vehicular, afectan los negocios por los que pasan en las rutas que siguen o los de los alrededores donde se instalan.

De acuerdo a lo declarado por el edil en el cabildo se está trabajando sobre un proyecto de reglamento que regule ese tipo de manifestaciones públicas bajo la consideración de las afectaciones que ocasionan al patrimonio público y particular al igual que las obstrucciones que constituyen para la movilidad urbana.

Aunque parece condenada a ser desechada esa propuesta, la misma, se suma a algunos tibios intentos hechos en el pasado para regular tanto las marchas como los plantones como la famosa, a nivel aldeano iniciativa de ley llamada “ley Boris” planteada por el diputado de la anterior legislatura Boris Lozano  que contenía una regulación estricta para esos manifestantes a efecto de evitar los perjuicios arriba señalados misma que fue rechazada por sus compañeros legisladores temerosos de pagar un costo político-electoral de aprobarla por lo que no pasó de una mera buena intención rematada por la invocación de los derechos constitucionales ciudadanos y su derecho a la libre manifestación.

A nivel nacional ha habido otras acciones semejantes con el mismo fin entre las que quizá la más seria fue el aval de varias de las bancadas parlamentarias del congreso de la unión al dictamen aprobatorio a la pretendida ley para la regulación de marchas y plantones lo mismo que se hizo en otros estados como Puebla y Veracruz consistentes básicamente, no en prohibirlas sino en obligar a los grupos interesados en realizar una marcha a solicitar permiso para ello a efecto de que no se empalmaran con celebraciones importantes además de que dieran a conocer a las autoridades su ruta a seguir aunque lo que más caló a los grupos y partidos acostumbrados a realizarlas fue la facultad que se otorgaba a los gobierno estatales para usar la fuerza pública y disolverlas en caso de que los manifestantes incurrieran en actos violentos como agredir a elementos policiacos, obstruyeran totalmente las vías de comunicación o causaran destrozos a  monumentos que formaran parte del patrimonio de la ciudad lo que hizo saltar de inconformidad a los líderes”sociales” que han hecho de esas prácticas su forma  de obtener jugosos ingresos económicos orillando a los legisladores a desecharla o archivarla.

Ahora, de nueva cuenta el regidor Ramírez Urbina vuelve a desatar la polémica con su declaración respecto de que el cabildo moldea un reglamento que regularía las marchas y plantones lo que , sin duda, será respaldado por los dueños de los comercios del centro histórico principalmente por ser los mayormente afectados con esas expresiones que normalmente confluyen en la plaza de armas a los que seguramente se agregarán aquellos ciudadanos que han tenido problemas en su trabajo por llegar tarde a su centro laboral como consecuencia de un retraso provocado por alguna de las centenares de marchas que se han realizado por las calles y avenidas de la ciudad, y no se diga de las madres de escolares que morían de angustia al verse atrapadas en un congestionamiento vehicular que las hizo llegar tarde a recoger a sus hijos a la escuela.

Ya nomás falta que acusen a alcalde Ricardo Gallardo de preparar la represión de las libertades ciudadanas con ese proyecto del que habló el regidor.

CABOS SUELTOS

El gobernador Juan Manuel Carreras López en mancuerna con el secretario de finanzas José Luis Ugalde Montes no dejan de viajar a la capital del país con el propósito de tocar puertas de las dependencias federales en busca de apoyos extraordinarios que vengan a  permitir sacar adelante al estado ante el desastre financiero que dejó la administración torancista